La Defensoría Pública expuso una realidad poco visible: niños y niñas que viven con sus madres en prisión. Solo cuatro casos en Neuquén, pero con desafíos estructurales urgentes. Falta de redes, prejuicios y ausencia de políticas públicas marcan el escenario.
“Los derechos son los que se hacen, y para ejercerlos hay que conocerlos”. Con esa premisa, la Defensoría Pública de Neuquén llevó a la radio un tema que incomoda, interpela y, sobre todo, evidencia vacíos del sistema: la situación de niños y niñas que viven en contextos de encierro junto a sus madres.
La defensora de los derechos del niño, Mónica Palomba, y la defensora de ejecución penal, Luciana Petraglia, detallaron el trabajo que vienen realizando de manera conjunta para garantizar derechos en un escenario donde lo normativo choca, muchas veces, con la realidad.
Actualmente, en la provincia de Neuquén hay 27 mujeres detenidas en la Unidad 16. De ese total, cuatro infancias viven dentro del sistema penitenciario. Casos excepcionales, pero suficientes para dejar en evidencia la falta de políticas específicas.
Desde lo legal, el marco es claro. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a niños y niñas como sujetos plenos de derecho. A nivel provincial, la Ley 2302 obliga al Estado a garantizar esos derechos, incluso en contextos de encierro.
Sin embargo, la práctica muestra otra cosa.
“La mejor alternativa siempre es la prisión domiciliaria”, explicó Petraglia. Pero eso depende de condiciones que muchas mujeres no tienen: un domicilio, una red familiar o un entorno que permita sostener esa medida. Cuando eso no existe, la cárcel se convierte en la única opción.
Y ahí empieza el problema.
Si bien en la Unidad 16 existen espacios diferenciados —dos departamentos con patio interno para madres e hijos—, los informes del Comité Provincial contra la Tortura advierten que son insuficientes. La cercanía con pabellones generales y la falta de infraestructura adecuada generan un entorno que dista de ser el ideal para el desarrollo infantil.
A esto se suma una falla más estructural: la ausencia de políticas públicas integrales.
Garantizar derechos en este contexto no es solo una cuestión judicial. Implica acceso a educación, transporte, espacios de recreación y vínculos familiares. En otras palabras, una red institucional que hoy no está plenamente desarrollada.
“Trabajamos para exigir que esas condiciones existan”, señaló Palomba. “No se trata de una madre que vulnera derechos, sino de un sistema que no logra garantizarlos”.
El punto más incómodo, y quizás el más honesto, es el de los prejuicios.
Ambas funcionarias coincidieron en que atraviesan todas las capas del sistema: desde operadores judiciales hasta instituciones estatales. La idea de que una mujer detenida es automáticamente una “mala madre” sigue operando, incluso de forma implícita.
“Los prejuicios los tenemos todos. La clave es revisarlos”, sostuvo Petraglia. Y agregó que el desafío de la defensa pública es justamente ese: correr el lente moral y mirar los casos desde una perspectiva de derechos.
Porque hay una tensión que incomoda: lo que intuitivamente parece correcto —que un niño no esté en una cárcel— convive con otro derecho igual de relevante: crecer junto a su madre.
El propio marco legal lo reconoce. Por eso permite que los niños permanezcan con sus madres hasta los cuatro años, priorizando el vínculo temprano. Pero también establece que eso debe darse, idealmente, fuera del encierro.
En Neuquén, ese “ideal” todavía está lejos.
Hoy no existe un programa específico que garantice vivienda o acompañamiento a mujeres detenidas sin red familiar. Sin ese soporte, la prisión domiciliaria deja de ser una opción real.
Pese a eso, desde la Defensoría destacan avances. Se han generado mesas interinstitucionales y hay mayor apertura para discutir el tema. Pero los resultados concretos aún no llegan.
El cierre deja una frase que incomoda, pero que baja la discusión a tierra.
“Nadie está exento de la cárcel”, advirtió Petraglia. “Pensar los derechos en ese contexto es pensar en algo que nos puede pasar a todos”.
Y ahí es donde el tema deja de ser ajeno.
Porque cuando una sociedad decide qué derechos reconoce incluso en sus peores escenarios, en realidad está diciendo mucho más sobre sí misma que sobre quienes están tras las rejas.
