La Justicia avanza en una causa por fraude contra la obra social de los petroleros privados. Dos profesionales están bajo la lupa por facturar operaciones inexistentes, con un perjuicio estimado en más de 30.000 dólares.

El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén denunció una presunta estafa millonaria contra su obra social que derivó en allanamientos y en la apertura de una investigación judicial. La maniobra, detectada hace un año tras una auditoría, involucra al médico cirujano infantil Bonfiglio y al anestesiólogo Boussede, quienes habrían cobrado por cirugías que nunca realizaron.
El abogado del gremio, Marcelo Hertzriken Velasco, explicó que todo comenzó con la detección de facturaciones llamativas en traumatología infantil. El caso más notorio fue el de una niña de tres años que aparecía como operada de tobillos, rodillas y caderas en un mismo acto quirúrgico, algo médicamente imposible y que no tuvo internación ni consumo de descartables o medicación.
A partir de allí, se revisó un período de seis meses de 2024, durante el cual se hallaron once afiliados con supuestas intervenciones quirúrgicas. Al ser citados, todos los padres confirmaron que esas operaciones nunca existieron. En algunos casos, los profesionales apenas habían realizado consultas ambulatorias menores y en otros, jamás atendieron a los pacientes.

“Nos quedó claro que no se trataba de un error, sino de una práctica criminal. Se pasaron al cobro operaciones inexistentes y se pagaron prestaciones médicas que nunca ocurrieron”, afirmó Hertzriken Velasco. Según los registros, el perjuicio supera los 20 millones de pesos y podría alcanzar los 100 millones.
El letrado aclaró que la clínica allanada no tiene responsabilidad directa y que, por el contrario, colaboró aportando evidencia de que los profesionales señalados nunca operaron en sus quirófanos.
Hertzriken Velasco confirmó además que Bonfiglio y Boussede fueron notificados de la investigación hace más de un año y nunca restituyeron los fondos. “Estamos hablando de casi 30.000 dólares. Si hubiese sido un error, lo razonable hubiera sido acercarse a la organización y reintegrar el dinero. No lo hicieron. Eso refuerza la sospecha de defraudación”, subrayó.
El gremio también asumió responsabilidad por fallas internas y apartó a dos auditoras médicas que no detectaron las irregularidades a tiempo. “Nosotros custodiamos los fondos de los trabajadores y no vamos a tolerar que sean malgastados”, remarcó Hertzriken Velasco.
La causa está en manos de la Fiscalía, que ya recolectó pruebas y avanza hacia la formulación de cargos contra los dos profesionales.




