Google cerró un acuerdo por u$s68 millones para poner fin a una demanda colectiva en la que se la acusaba de vulnerar la privacidad de usuarios de teléfonos inteligentes a través de su asistente activado por voz.
La acción judicial fue impulsada por usuarios que sostuvieron que Google —filial de Alphabet— grabó y compartió conversaciones privadas sin autorización, luego de que el Asistente de Google se activara de manera involuntaria. Según la demanda, esos registros habrían sido utilizados para enviar publicidad dirigida.
El sistema de asistencia por voz de Google está diseñado para activarse ante comandos como “Hey Google” u “Okay Google”, de forma similar a Siri, de Apple. Sin embargo, en la acción judicial, los demandantes denunciaron que el asistente interpretó erróneamente conversaciones cotidianas como palabras de activación – episodios conocidos como “falsas aceptaciones” -, lo que derivó en grabaciones no solicitadas y posteriores anuncios personalizados.
En este escenario, la demanda acusó a la compañía de “interceptación y grabación ilegal e intencional de comunicaciones confidenciales de personas sin su consentimiento y la posterior divulgación no autorizada de dichas comunicaciones a terceros”. También sostuvo que “la información obtenida de estas grabaciones se transmitió indebidamente a terceros para publicidad dirigida y otros fines”.
En el marco del acuerdo, Google no reconoció irregularidades.
