Tras un año de investigación, la Justicia avanzó contra once integrantes de la conducción de la Cooperativa 127 Hectáreas. La causa reúne a unas 350 familias denunciantes y revela un presunto esquema de ventas múltiples, promesas incumplidas y millones de pesos cobrados por terrenos y viviendas que nunca existieron.
Después de años de denuncias, promesas y frustraciones, la causa que investiga el presunto fraude de la Cooperativa 127 Hectáreas dio un paso decisivo. La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó formalmente la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y otros diez integrantes de la comisión directiva, a quienes acusa de haber montado un esquema de estafas reiteradas contra cientos de familias neuquinas.
La resolución llegó apenas minutos antes del inicio de la feria judicial y representa un giro trascendental para una investigación que llevaba más de un año reuniendo pruebas.
El abogado querellante Mariano Mansilla confirmó que la fiscalía encontró elementos suficientes para avanzar penalmente y sostuvo que «la verdad finalmente comienza a salir a la luz».
Un mismo dúplex vendido hasta veinte veces
Uno de los datos más impactantes de la investigación es la existencia de viviendas adjudicadas a múltiples compradores.
Según la documentación incorporada al expediente, algunos dúplex fueron vendidos a cinco, seis e incluso hasta veinte personas diferentes.
Las familias eran llevadas hasta el predio, donde les señalaban una vivienda específica asegurándoles que esa sería su futura casa. Sin embargo, el mismo inmueble era ofrecido posteriormente a otros compradores, quienes recibían exactamente la misma promesa.
La causa contiene boletos de compraventa, comprobantes de pago, registros bancarios y testimonios que acreditan esas operaciones.
El recorrido del dinero
De acuerdo con la investigación, dos testimonios resultaron determinantes para reconstruir cómo funcionaba el circuito financiero de la cooperativa.
Entre ellos figura el de un ex cajero y el de una empleada administrativa, quienes describieron quiénes recibían el dinero de los asociados y cómo esos fondos terminaban bajo el control de la conducción encabezada por Jorge Salas.
La fiscalía considera que esos relatos, sumados a la documentación aportada por las víctimas, permitieron consolidar la hipótesis de una maniobra organizada para captar dinero mediante falsas promesas de acceso a lotes y viviendas.
Más de 1.400 familias afectadas
Aunque la investigación penal se concentra inicialmente en unas 350 víctimas, la dimensión del caso sería mucho mayor.
Según explicó Mansilla, alrededor de 1.415 familias realizaron pagos para acceder a lotes o viviendas dentro del proyecto.
Cada grupo familiar habría entregado, en promedio, el equivalente a unos 5.000 dólares, además de continuar abonando cuotas mensuales durante años.
A ello se suman convenios firmados con distintas instituciones, entre ellas el sindicato docente ATEN, trabajadores judiciales y la asociación policial Unipol, cuyos afiliados también realizaron importantes aportes económicos bajo la expectativa de acceder a una vivienda.
Viviendas construidas por la Provincia
Otro de los aspectos que aparece en la investigación es la utilización de viviendas financiadas por el Estado provincial para fortalecer la credibilidad del proyecto.
Las aproximadamente 400 viviendas levantadas en el sector fueron construidas con fondos provinciales.
Sin embargo, muchas familias entendían que esas obras formaban parte de las realizaciones de la cooperativa, lo que reforzaba la confianza en el emprendimiento y alentaba nuevos aportes económicos.
Según la querella, esa confusión fue utilizada para sostener durante años una estructura que seguía incorporando nuevos asociados mientras las promesas se multiplicaban.
Lo que viene
La audiencia de formulación de cargos se realizaría una vez concluida la feria judicial, probablemente entre fines de agosto y principios de septiembre.
A partir de ese momento comenzará formalmente el proceso penal contra los once imputados.
En paralelo, el Gobierno provincial conformó una comisión interministerial destinada a analizar alternativas para intentar encontrar una solución de fondo al conflicto habitacional que afecta a cientos de familias.
Mientras tanto, para quienes durante años pagaron cuotas, firmaron contratos y soñaron con una vivienda propia, el avance judicial representa algo más que un expediente: es la primera confirmación oficial de que aquello que denunciaban desde hace años podría haber sido, efectivamente, una estafa organizada.
