María Unger Reimer, de 34 años, dejó una comunidad menonita en 2019 por maltratos. El lunes 9 de febrero denunció a su ex pareja por golpes y amenazas, y horas después sus hijas fueron sustraídas en Santa Rosa. La Justicia de Familia interviene con medidas urgentes.
María Unger Reimer tiene 34 años y se convirtió en la primera mujer que logró escapar de una colonia menonita de La Pampa. Lo hizo en 2019, tras denunciar maltratos dentro de la comunidad. Siete años después, su historia volvió a quedar en el centro de la escena pública por un nuevo episodio judicial que la tiene como protagonista.
El lunes 9 de febrero, María denunció a su ex pareja por lesiones y amenazas. Según consta en la presentación judicial, el hombre la habría golpeado y amenazado con rociarla con nafta y prenderla fuego junto a sus hijas. La denuncia fue radicada en la localidad de Guatraché.
Ese mismo día, horas después, ocurrió la sustracción de sus dos hijas, de 15 y 12 años, en inmediaciones del hospital de Santa Rosa, donde la madre de María se encontraba internada en grave estado. Las niñas fueron trasladadas en una camioneta y, según confirmó su abogada, Karina Lucía Álvarez Mendiara, actualmente se encuentran con su padre en la comunidad menonita.
María había viajado de urgencia desde Tucumán, donde reside desde hace años, tras ser informada sobre la situación de salud de su madre. Allí vive con su nueva pareja y su hija menor, de cinco años. En Tucumán, también había establecido el centro de vida de una de las adolescentes.
“La prioridad hoy es la restitución urgente de las niñas y las medidas de protección para María”, explicó la abogada, Karina Lucía Álvarez Mendiara, en el programa radial Al Final de Todo con Alejandro López. En ese sentido, se presentó una medida autosatisfactiva ante el Juzgado de Familia de General Acha, jurisdicción correspondiente al territorio donde está asentada la comunidad.
La jueza interviniente dictó medidas de protección en el marco de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y convocó a audiencias con ambas partes. El ex marido fue demorado el día de la sustracción en la localidad de Riglos, pero posteriormente recuperó la libertad.
Desde la defensa sostienen que, de haberse dictado de inmediato las restricciones tras la denuncia penal, la sustracción no se habría producido.
María relató que dentro de la comunidad las mujeres no participan en decisiones, no eligen autoridades y sus tareas se limitan al ámbito doméstico. También afirmó que existen situaciones de maltrato que “no salen a la luz porque muchas no se animan a hablar”.
Actualmente permanece en Santa Rosa, acompañando el proceso judicial. “Yo pido únicamente que me devuelvan a mis hijas”, expresó.
El caso comenzó a visibilizarse en las últimas semanas y, según confirmó su abogada, ya generó contactos de otras mujeres en situaciones similares que buscan asesoramiento legal.
Mientras avanza la investigación penal y la Justicia de Familia evalúa los informes técnicos, María espera una resolución que le permita reencontrarse con sus hijas. Una historia que expone no solo un conflicto familiar, sino también el choque entre un modelo comunitario cerrado y el sistema judicial argentino.
