La justicia provincial investiga nuevos delitos económicos en esferas de la comuna de Plottier
Por Alejandro López
La Municipalidad de Plottier vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. Y otra vez no por obras, ni por gestión, ni por respuestas a los vecinos. Esta vez, por una investigación que apunta directamente a presuntas irregularidades graves: exención de tasas municipales por decreto, contrataciones con vínculos familiares, facturación dudosa y una cifra que ya ronda los 200 millones de pesos.
El Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscalía de Delitos Económicos, llevó adelante allanamientos en distintos puntos, en una causa que involucra al intendente Luis Bertolini y a funcionarios municipales, luego de una denuncia recibida a mediados de enero.
El entrevistado Pablo Vignaroli, quien brindó detalles sobre el procedimiento, aseguró que se trata de una investigación que recién comienza, pero que ya arrojó elementos contundentes.
Una denuncia, dos hechos y un patrón que se repite
Según explicó Vignaroli, la denuncia que dio origen a la investigación expone dos situaciones centrales.
La primera tiene que ver con la firma de un decreto mediante el cual el intendente habría dispuesto la exclusión del pago de una tasa municipal a un grupo reducido de personas, algo que —según remarcó— no está permitido por la Carta Orgánica de la ciudad, ya que ese tipo de decisiones deberían pasar por el Concejo Deliberante.
La segunda situación es aún más delicada: involucra a una empresa llamada Valco, que habría tenido contratos con la Municipalidad de Plottier y que, según la denuncia, tendría un vínculo directo con la subsecretaria de Hacienda. Puntualmente, uno de los socios sería el hijo de la funcionaria.
Lo que llama la atención es que, al profundizar en la existencia de la empresa, surgieron inconsistencias difíciles de justificar.
Valco: sin CUIT, con Instagram y con facturas sospechosas
Uno de los puntos más llamativos de la investigación es que, según Vignaroli, Valco no tendría CUIT como persona jurídica, lo que abre una pregunta básica: ¿cómo facturaba?
La fiscalía detectó además que la empresa mostraba en redes sociales —a través de Instagram— trabajos realizados para el municipio, promocionando tareas que, aparentemente, eran contrataciones oficiales.
Sin embargo, al avanzar en los procedimientos, la fiscalía encontró que los servicios prestados habrían sido facturados de una forma irregular: se emitían facturas a nombre de un socio llamado Pedrovich, pero figurando el nombre “Valco” en una factura personal.
Para la fiscalía, esto podría configurar una maniobra para ocultar una contratación que no debería haberse realizado.
Y en ese punto aparece un delito específico: negociación incompatible, una figura que se aplica cuando funcionarios intervienen en contrataciones donde existe interés personal o familiar.
Bertolini bajo la lupa: “Él firma las contrataciones”
Vignaroli fue claro al explicar por qué el intendente Bertolini aparece en el radar judicial: porque es quien firma.
En el despacho del intendente se encontraron expedientes listos para firma, vinculados a contrataciones relacionadas con esta empresa y con el socio investigado. También se hallaron facturas en las que figuraba el nombre de Valco.
Pero además, en las últimas facturaciones apareció otra empresa denominada Altos, que ahora también está siendo analizada.
La pregunta que empieza a crecer es si Valco fue un caso aislado o si se trata de un sistema más amplio, con empresas que cambian de nombre, pero no de estructura.
Facturación cercana a los 200 millones: obra pública bajo sospecha
Uno de los datos más pesados que dejó la entrevista es el monto estimado que surge de las planillas encontradas: casi 200 millones de pesos, sumando facturas de 20 o 30 millones y otras menores.
La fiscalía todavía no determinó qué tipo de mecanismo se utilizó para esas contrataciones: si hubo licitación pública, licitación privada o contratación directa, ni tampoco cuál fue exactamente la obra o servicio prestado y si los valores estaban ajustados a precios reales.
Pero el número por sí solo ya prende todas las alarmas.
Porque cuando la plata es pública, cada peso debe ser explicado. Y en Plottier, hace rato que las explicaciones no alcanzan.
El decreto de tasas: violación a la Carta Orgánica y fundamentos contradictorios
Los allanamientos fueron calificados como exitosos. Y no solo por la documentación hallada sobre contrataciones, sino porque también se encontró el decreto de disminución de tasas y todos los antecedentes administrativos vinculados.
Ese decreto estaría relacionado con el emprendimiento privado “Los Canales”, y según explicó Vignaroli, presenta un punto particularmente extraño: en sus fundamentos el intendente rechaza la pretensión de los vecinos, pero en el cierre del decreto termina concediendo la exención del primer semestre de 2025.
Una contradicción que no solo deja dudas administrativas: abre sospechas jurídicas.
Además, se remarcó que el decreto no tendría una fundamentación clara, y eso podría generar un efecto dominó: vecinos en igualdad de condiciones reclamando lo mismo y el municipio enfrentando litigios, devoluciones y perjuicios económicos.
¿Cuánto dinero dejó de cobrar el municipio?
Todavía no se determinó el monto exacto que el municipio habría dejado de percibir por esta exención parcial. Pero Vignaroli dejó entrever que podría ser significativo: se trata de propiedades valuadas en dólares, donde el impuesto se calcula en base al valor del terreno y a tasas específicas aplicables a lotes sin construcción.
En otras palabras: no sería una cifra menor.
Y el problema es doble: no solo lo que se dejó de cobrar, sino la puerta que se abre a reclamos judiciales futuros.
Plottier, otra vez: causas abiertas y antecedentes que pesan
Vignaroli también se refirió a otras investigaciones en marcha, como la causa contra la exintendenta Gloria Ruiz, donde se trabaja con plazos que ya empiezan a correr y con la intención de llevar el juicio este mismo año.
Además, mencionó la causa vinculada a la cooperativa Viento Sur, por un monto investigado de alrededor de 1.300 millones de pesos, aunque advirtió que recuperar ese dinero será difícil porque en su mayoría habría sido gastado.
Sin embargo, se informó que existen fondos inmovilizados y bienes embargados, que podrían ejecutarse tras el juicio para recuperar al menos una parte.
El problema de fondo: cuando el Estado se administra como si fuera un negocio familiar
Lo que deja este nuevo capítulo en Plottier es algo que ya no sorprende, pero que sigue indignando: la repetición de esquemas donde el poder municipal se mueve con una lógica de favoritismos, decretos discutibles y contrataciones sospechosas.
Y cuando aparecen empresas sin CUIT, facturas personales con nombres comerciales, vínculos familiares y montos millonarios, el ciudadano común no necesita ser abogado para entender que algo no cierra.
Porque en la calle se puede discutir política, ideología o gestión.
Pero cuando se investiga corrupción, lo que está en juego es otra cosa: la confianza pública.
Y Plottier hoy está mirando, otra vez, el mismo escenario.
