El gremio asegura que el municipio descuenta aportes a los trabajadores pero no los deposita. La deuda rondaría los mil millones de pesos y ya hay acciones judiciales en curso.
La tensión entre el municipio de Plottier y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) escaló a un nuevo nivel. El gremio confirmó la presentación de una demanda en la justicia provincial por una deuda que, según estimaciones propias, alcanza casi los mil millones de pesos en concepto de aportes y contribuciones no depositados.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y CTA Neuquén, en dialogo con Alejandro López en su programa Al Final de Todo por LU5, explicó que el reclamo no es reciente, sino que se arrastra desde hace años y que incluso tiene antecedentes en la gestión anterior. “Las retenciones se hacen todos los meses a los trabajadores, pero esos fondos no llegan a la organización como establece la ley”, afirmó.
Según detalló, el sindicato intentó primero resolver la situación por la vía del diálogo, sin obtener respuestas. Luego avanzó con intimaciones formales mediante carta documento, que tampoco fueron contestadas. Frente a ese escenario, decidieron judicializar el conflicto.
El planteo no se limita a lo administrativo. Desde ATE también impulsan una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y retención indebida de haberes. “No estamos hablando solo de una deuda, sino de un posible delito”, remarcó Quintriqueo.
El dirigente señaló además que el último antecedente de regularización de estos pagos también se dio por vía judicial, lo que, a su entender, evidencia una práctica reiterada por parte del municipio.
En paralelo, el gremio mantiene otro frente de conflicto con la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI). Allí denuncian que las autoridades desconocen la representación sindical de ATE y avanzan con decisiones que consideran irregulares, como la calificación unilateral de medidas de fuerza como ilegales.
“Hay un desconocimiento absoluto del marco legal y de la representación sindical. Esto no hace más que profundizar el conflicto”, advirtió Quintriqueo.
El escenario abre ahora una etapa de judicialización que podría tener impacto político e institucional en la ciudad, en un contexto donde las relaciones laborales vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.
